La deuda pública del Estado se incrementó de manera irresponsable en las últimas dos décadas, sin que los oaxaqueños haya tenido un beneficio real de los préstamos realizados por instituciones financieras y, lo que es peor, Oaxaca no progresa, dijo ayer el presidente del Colegio de Abogados de Oaxaca, Luis Manuel Rueda Alcalá.
Precisó que la deuda pública de la entidad evolucionó, prácticamente de manera clandestina, de 181.6 millones de pesos con el ex gobernador Heladio Ramírez López a 361.5 millones de pesos con el ex mandatario Diódoro Carrasco Altamirano. Sin embargo, la deuda se elevó a 4 mil 608 millones de pesos al concluir el mandato de Ulises Ruiz Ortiz.
“Con los PPS que no están contabilizados como deuda y los empréstitos autorizados para el 2011 la deuda pública real supera los 10 mil millones de pesos”, apuntó.
En su opinión, el endeudamiento no ha tenido bases sólidas ya que los presupuestos federales destinados a la entidad también han evolucionado, sin contabilizar el presupuesto de las delegaciones federales, de más de 7 mil millones de pesos con Ramírez López a 13 mil millones de pesos con Diódoro Carrasco, 23 mil millones de pesos con José Murat, 38 mil millones de pesos con Ulises Ruiz y más de 42 mil millones de pesos en la actual administración.
Para el dirigente de los profesionales de la abogacía, de 1993 a la fecha la deuda pública se ha multiplicado por más de 50 veces y que el endeudamiento actual equivale prácticamente al 25 por ciento del presupuesto estatal.
“Oaxaca tiene una deuda pública equivalente a más de 20 veces el presupuesto del Poder Judicial que para este año es de 402 millones de pesos”, apuntó.
Al pronunciarse a favor de una vigilancia permanente al último endeudamiento contraído por el gobierno estatal, de los cuales casi 1 mil 600 millones de pesos serán destinados al refinanciamiento de la deuda heredada, dijo que en el caso de los recursos por más de 2 millones de pesos para tener acceso al presupuesto del Fondo de Desastres Naturales, lo recomendable es que el ejercicio de estos recursos se dé con transparencia.
“Estamos a menos de un año de las elecciones federales y por lo tanto las autoridades estatales deben ejercer el recurso de manera transparente para que el beneficio sea real para quienes el año pasado resultaron afectados por los desastres naturales”, añadió.
Por último coincidió con el dirigente del Colegio de Economistas de Oaxaca, Germán Toledo, quien en la víspera dijo que la entidad está hipotecada hasta el 2031 con más de 10 mil millones de pesos, por lo que también se pronunció a favor de una política de cero endeudamiento a partir del 2012.
MÁS CRÉDITOS
Entre diciembre de 2010 y marzo de 2011, los diputados del Congreso local autorizaron a la Secretaría de Finanzas la contratación de tres créditos por más de 3 mil millones de pesos que durante las próximas dos décadas serán pagados con el 15 por ciento de las participaciones federales que cada año recibirá Oaxaca.
La contratación del primer préstamo hasta por 500 millones de pesos fue autorizada por la LXI Legislatura el 17 de diciembre de 2010 y se publicó el 29 de diciembre del mismo año en una edición extra del Periódico Oficial del Estado.
En el artículo 8 de la Ley de Ingresos 2011 se establece que el recurso servirá “para sufragar posibles contingencias generadas por fenómenos naturales que afecten el territorio del Estado; inversiones públicas productivas no contempladas en los programas y que requieran atención inmediata; y, en general situaciones extraordinarias que por su naturaleza es imposible prever”.
Los otros dos créditos, uno con Banobras hasta por 2 mil 90 millones, 260 mil 849 pesos y un "endeudamiento adicional" al aprobado en diciembre, hasta por 1 mil 600 millones de pesos, se aprobaron mediante decreto del Congreso local el 30 de marzo de este año y se publicaron el 7 de abril de 2011 en dos ediciones extras del Periódico Oficial del Estado.
En el decreto por más de 2 mil 90 millones de pesos se establece la autorización al Estado para que a través del Poder Ejecutivo, por conducto del Secretario de Finanzas, contrate un crédito simple con Banobras “para cubrir sus aportaciones de contraparte al correspondiente Fideicomiso FONDEN Estatal, relativas a declaratorias de desastre natural emitidas por la Secretaría de Gobernación en 2010 y/o solventar el costo de obras y acciones de reconstrucción de infraestructura estatal acordadas con el Ejecutivo Federal en virtud de daños ocasionados por fenómenos naturales ocurridos en 2010 o en años posteriores”.
Este crédito, según el decreto, deberá amortizarse en su totalidad en un plazo de 20 años y se autoriza al Estado para que se afecte como garantía y/o fuente de pago de las obligaciones asociadas al crédito que contrate, el derecho y los flujos de recursos derivados de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan.
En el tercer decreto, la LXI legislatura autorizó al Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas, un mondo de endeudamiento adicional al autorizado en el artículo 8 de la Ley de Ingresos hasta por 1 mil 600 millones de pesos.
“El monto de endeudamiento adicional a que se refiere el párrafo anterior se destinará al refinanciamiento de la deuda pública directa del Estado”, establecieron los legisladores locales, quienes precisaron que el plazo para pagar el adeudo será de hasta 15 años.
En el mismo decreto se autorizó al Ejecutivo a contratar con Banobras o cualquier institución financiera una garantía de pago oportuno con plazo de disposición hasta 15 años. (Misael Sánchez/TIEMPO)
