Carmelina Cruz Silva, dirigente del Frente Único de Defraudados de Oaxaca (FUDO), acusó a las autoridades de abandonar a su suerte a los 42 mil estafados por las cajas de ahorro, ya que no existe voluntad para signar el convenio con el Gobierno federal, para integrarse al programa Fipago.
“Esta es la hora que la Secretaría de Desarrollo Social de Oaxaca ignora el planteamiento hecho por los defraudados, no obstante que ocho cajas de ahorro ya fueron calificadas para iniciar el programa de pago para los afectados”, señaló.
Dijo que hasta ahora han encontrado evasivas en este procedimiento, en donde se tendrá la oportunidad de indemnizar a los afectados, al menos con un monto de 268 mil pesos como lo marca la ley, que al menos es algo para quienes fueron estafados por 32 cajas de ahorro que cerraron sus puertas.
Lamentó que las autoridades ignoren el problema, principalmente los presidentes municipales, quienes otorgan permisos para la operación de estas cajas que cierran en un municipio y se van a otro sin mayor problema para estafar a la gente.
Precisó que los propietarios de estas cajas de ahorro son hábiles, no sólo porque hostigan a los ahorradores al ubicarlos en las comunidades e insistir hasta que obtienen el dinero bajo la promesa de un buen rendimiento, pero al final de cuentas se llevan el recurso.
Por eso, agregó, hacemos un llamado a los presidentes municipales que no se presten a este juego sucio de quienes siguen estafando a los oaxaqueños, y lo más grave es que hasta ahora las autoridades que se encargan de procurar y administrar justicia no actúan.
Se tiene que detener a los presuntos estafadores y se les debe castigar porque es increíble que muchos que han defraudado a la ciudadanía estén caminando libres por las calles de la ciudad, en tanto 42 mil personas supliquen les devuelvan su dinero.
Manifestó que el Gobierno del Estado tiene el compromiso de firmar este acuerdo con el Gobierno federal para que se libere el Fipago que consiste en que 40% será aportado por la Federación, 30% por el gobierno estatal y el resto el afectado. Samuel Gómez/El Imparcial
