Los municipios cobran de manera ilegal impuestos por concepto de predial y traslado de dominio hasta por 2 mil por ciento más de su valor real, alertó ayer Juan Manuel Cruz Acevedo, notario público número 28.
Sostuvo que los actos de los ayuntamientos y del propio Instituto Catastral del Estado de Oaxaca se basan en la Ley de Catastro de 1996, “lo cual los hacen ilegales, indebidos y hasta exagerados”.
Externó que se han elevado sin consenso las bases catastrales, aunado a que se mantienen las mismas tasas impositivas.
Añadió que con la Reforma Constitucional de 1999, se privó a los estados de la facultad de administrar y cobrar impuestos y derechos por el tráfico comercial de inmuebles, mismo que se trasladó a los municipios.
Indicó que desde hace 9 años, el Congreso del Estado no ha llevado a cabo las adecuaciones y reformas necesarias en la materia, “tenemos una ley a modo para incrementar los valores de forma mañosa.
“La presente administración (municipal) nos ha cobrado 2 mil por ciento en el pago de impuesto predial y también en el traslado de dominio”, alertó el Notario.
Lamentó que hasta el momento la titular del Instituto Catastral, Sara María Abascal no haya dado respuestas a las inconformidades, no sólo de un sector de la población, sino de ciudadanía en general.
“Quienes han pretendido acudir a pagar sus impuestos a los ayuntamientos, se han topado con una situación grave e irregular, al pretenderles cobrar tarifas exorbitantes”, subrayó.
Cruz Acevedo enfatizó que los aumentos indiscriminados en los impuestos ha sido motivo para la caída de gobernadores.
Por lo que demandó a las autoridades terminar con la irregularidad, abusos y excesos, al pretender cobrar el predial basados en una norma inconstitucional, “no se han dado cuenta del gran problema que se avecina”.
Recordó que en el Distrito Federal, los contribuyentes presentaron recursos de amparo y los ganaron, por lo cual, el gobierno les devolvió dinero, al haber realizado un cobro indebido.
“Aquí no han hecho ninguna adecuación a la tasa impositiva y eso lo hace inconstitucional y desproporcionada”, cerró. (Carlos Alberto Hernández/El Imparcial)
