Un total de 35 Organizaciones No Gubernamentales de Oaxaca (ONG´s) se pronunciaron en contra de las propuestas de ley impulsadas por las diputadas Carolina Aparicio y Marlene Aldeco Reyes, porque no protegen el maíz nativo y fomentan el saqueo por parte de empresas trasnacionales que tratan de dominar y controlar la producción de semillas
Organizaciones civiles en defensa del maíz criollo, como fuente fundamental alimenticia, denunciaron que las actuales iniciativas de ley “Sustentabilidad de los maíces nativos del estado de Oaxaca” y “Fomento y protección del maíz criollo, patrimonio alimentario del estado de Oaxaca” propuestas por el cuerpo Legislativo local, parten de acciones unilaterales de las y los políticos que en ningún momento toman en cuenta la realidad de las comunidades campesinas y sus integrantes.
Por lo que exigieron al Gobierno del Estado que encabeza Gabino Cué Monteagudo, revisar los programas fuertemente dependientes de agroquímicos como “Maíz para Todos” y en su lugar diseñar apoyos que promuevan la siembra de maíces nativos y el uso de técnicas agroecológicas que no contribuyen al calentamiento global.
Además, demandaron que la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) se involucre en el proceso de legislación sobre el maíz que afecta tanto la cultura y la vida de los pueblos indígenas Oaxaca.
Denunciaron la actuación de los Poderes Legislativo federal y estatal que de manera clandestina, y sin obtener el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas y rurales, presentaron iniciativas de leyes que no retoman las necesidades reales de éstas.
“Por el contrario, instrumentan mecanismos que violentan sus derechos fundamentales reconocidos en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas, sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y que, de acuerdo a la reciente reforma a la Constitución Federal en materia de Derechos Humanos, debe ser tomado en cuenta como si fuera disposición constitucional”, indicaron.
Asimismo manifestaron que, diez años después de que se denunció la contaminación transgénica en los maíces nativos de Oaxaca, ahora se presentan ante el Congreso del Estado dos propuestas de ley que pretenden proteger al alimento básico de la población Oaxaqueña.
“Lamentablemente las propuestas de Ley de Sustentabilidad de los Maíces Nativos del Estado de Oaxaca, impulsada por la diputada priista Carolina Aparicio Sánchez y la iniciativa de Ley de Fomento y Protección del Maíz Criollo como Patrimonio Alimentario del Estado de Oaxaca, planteada por la legisladora panista Marlene Aldeco Reyes Retana, a propuesta de Maricela Silva de la Fundación para el Desarrollo Social Coatlicue, A.C., no protegen nuestro maíz nativo, al contrario, están facilitando su saqueo por empresas transnacionales que tratan de dominar la producción alimentaria del planeta”, aseguraron.
En un documento en poder de diario DESPERTAR de Oaxaca, dijeron que, estas dos iniciativas de ley agreden la inteligencia de la población oaxaqueña, por ignorar la lucha de resistencia contra la siembra de maíces transgénicos, que se inició después de que en el año 2001 se descubriera la contaminación por transgénicos en los maíces nativos de la Sierra Juárez, los Valles Centrales y el Istmo.
Señalaron que la lucha de esas organizaciones, también fue ignorada por el Legislativo federal al aprobarse en 2005 la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, beneficiando a empresas transnacionales como Monsanto.
“A pesar de que esa ley contiene un Régimen de Protección Especial del Maíz, a partir del año 2009 el presidente Felipe Calderón empezó a otorgar permisos para siembras de maíces transgénicos en México, incrementándose la posibilidad de contaminación a las semillas de la región de origen del maíz”, apuntaron.
Propuestas de leyes, plagiadas
Las ONGs, también denunciaron las propuestas impulsadas por los Partidos de Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional por vulnerar de manera desvergonzada los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas a su libre determinación y soberanía alimentaria.
Señalaron que la iniciativa del PAN es una copia de las leyes de Tlaxcala y Michoacán ya bastante criticadas a nivel nacional por organizaciones con prestigio en la defensa del maíz, en tanto que la propuesta del PRI revela su desconocimiento total de la realidad en el campo oaxaqueño.
“Esa iniciativa de Aparicio Sánchez, ignora la política neoliberal asumida desde hace 30 años por su partido, a la que el PAN simplemente ha dado continuidad, destruyendo sistemáticamente la soberanía alimentaria de los campesinos mexicanos a través del Tratado de Libre Comercio, que llevó a la abolición de subsidios a la producción del campo y consecuentemente a la importación de maíz de los Estados Unidos”, afirmaron.
Aclararon que ambas iniciativas de ley otorgan certeza jurídica sólo a “productores registrados”, término que excluye a los campesinos indígenas que producen para autoconsumo, quienes siguen siendo la mayoría en el estado a pesar de las políticas públicas establecidas en su contra.
“Las iniciativas están orientadas a localidades con producción intensiva, dedicadas a la utilización de fertilizantes, herbicidas y pesticidas, que favorecen a la agroindustria y a productores de alto rendimiento”, añadieron.
Explicaron que ambas iniciativas de ley, buscan el establecimiento de “fronteras agrícolas”, que limitarán las zonas de cultivo de campesinos de montaña y, esta disposición va de la mano con los programas de conservación que el gobierno está impulsando en toda la República Mexicana que impiden la agricultura sostenible y ecológica en la milpa tradicional.
“Ambas propuestas de ley prevén la creación de un organismo central que tendrá el control sobre todas las actividades que tengan relación con el maíz y lo establecen como el enlace único entre el estado y los productores, excluyendo a los campesinos y quitándoles la capacidad de decidir sobre cualquier asunto que tenga que ver con sus semillas, además fomentan también la creación de un padrón de productores que serán los únicos beneficiarios de los apoyos y programas productivos.
“Obligan a los campesinos a facilitar sus semillas y sus conocimientos a mejoradores” a través de bancos de germoplasma, lo cual abrirá el acceso a nuestras semillas a empresas transnacionales que esperan patentar las cualidades del maíz creadas con el trabajo milenario de convivencia, selección y adaptación de nuestros antepasados”, señalaron.
Puntualizaron que, al igual que las leyes de maíz recientemente aprobadas en Tlaxcala y Michoacán, las propuestas para Oaxaca no prohíben la siembra o el almacenamiento de transgénicos. En lugar de prohibirlos, instrumentan y legalizan la entrada de transgénicos con el respaldo de la Ley federal de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (“Ley Monsanto”). Además fomentan el conflicto existente entre las cabeceras municipales y sus agencias al aludir únicamente a las autoridades municipales en la toma de decisiones e ignora la institucionalidad comunitaria indígena y campesina, como la asamblea y la figura del comisariado de bienes comunales y/o ejidales.
Entre las ONGs que firman el documento, están la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (UNOSJO S.C.); Servicios del Pueblo Mixe (SERMIXE A.C.); Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA A.C.); Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Jorge Vega Aguilar/DESPERTAR)
