La visitadora regional en la Mixteca de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca (CEDDH), Rosa Elena Manzano Méndez, informó que alrededor de cinco comunidades están afectadas por la intolerancia religiosa, debido a que los usos y costumbres impiden que población permita que los habitantes profesen otra religión.
Dijo que este tipo de quejas son las más complicadas de resolver, ya que deben introducir el derecho a la Constitución pero no de golpe, para que los habitantes no sientan que sus usos y costumbres son trasgredidos, sin embargo, hay resistencia para que adopten los derechos humanos, pero sobre todo que acepten que toda persona tiene derecho a profesar la religión que desee.
Expresó que las violaciones a los derechos humanos son diversas, en algunos casos les imponen una multa económica por no aceptar el cargo de mayordomos, les quitan el servicio del agua potable, desconocen como ciudadano de la comunidad, también les impiden construir sus templos y la libertad de tránsito, por ejemplo que el pastor debe pagar una multa para ingresar a la población.
“Sobre todo son agencias municipales que manejan esas actitudes, es todo un reto lograr el equilibrio; pero también tenemos que entender la manera de vivir de las comunidades y las comunidades deben entender que hay personas individúale que tienen derecho a pensar diferente; tampoco podemos ser verdugos de los pueblos indígenas, habría que tender que por años han profesado una religión, es muy complejo el tema”, señaló.
Entre las propuestas de solución a los problemas de intolerancia religiosa, Manzano Méndez indicó que sugieren la capacitación a los habitantes sobre derechos humanos para que cambien sus actitudes, sin embargo deben intervenir otras instancias para cambiar la situación que viven los pueblos, principalmente la iglesia para que exista mayor apertura y tolerancia ante otras religiones.
Finalmente agregó que esta problemática se concentra principalmente en las agencias municipales que su cabecera se rige por el sistema de usos y costumbres, estos casos se llegan a extender hasta un año o más, ya que dan seguimiento para verificar si efectivamente ya no se violentan los derechos humanos. (Adriana Ramos/IGABE)
