Alrededor de 300 cajas de ahorro que operan en la entidad enfrentan el riesgo de quebrar debido a que no se encuentran regularizadas y nadie las fiscaliza, advirtió Othón Cuevas Córdoba, subsecretario de Concertación Social de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedesoh).
De acuerdo con estadísticas de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamos de México (CONCAMEX), en Oaxaca operan más de 300 cajas de ahorro y sólo tres están autorizadas: ACRIMEX, Caja San Juan Lachao y Caja Popular Mexicana.
Existen cerca de 40 que han aceptado el marco legal y que están en proceso de revisión, pero más de300 funcionan sin ningún tipo de regulación, no están sometidas a un proceso de profesionalización y es ahí en donde se dan quiebras y fraudes, alertó.
Las auténticas cooperativas de ahorro y préstamos son necesarias, hacen falta porque la banca comercial en este momento no puede cubrir todo el Estado, pero sobre todo porque es necesario regularizar a cada una de ellas y no a vivales que se disfrazan de cajas de ahorro para captar el dinero de la gente y luego huir como ha pasado en los últimos años.
El funcionario resaltó que es trabajo de la Secretaría de Hacienda a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) la que tiene que supervisar a estos negocios, pero no lo hace.
“Ellos argumentan que no tienen la capacidad de elementos y personal que le permitan ir a supervisar y en este caso ordenar a la Procuraduría General de la República, que proceda a cerrar a todos los irregulares y por eso se registra tanto abuso”, afirmó.
Necesario revisar historial
Ante tal situación, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomendó no celebrar ninguna operación de ahorro con las sociedades no autorizadas y antes de depositar cualquier cantidad de dinero conocer cuáles son las instituciones autorizadas.
Admitió que alrededor de 200 sociedades de ahorro y crédito popular operan al margen de la ley y captan recursos en forma indebida, principalmente en los estados de Oaxaca, Guerrero, Puebla y Veracruz, situación que se agudiza debido a la falta de conocimientos y una cultura financiera entre la población.
Este tipo de intermediarios "no son competencia de la autoridad" y al recibir depósitos de forma irregular se pueden convertir en un grave problema económico y social, pues la Condusef no tiene competencia para conocer las reclamaciones que se presenten respecto a los clientes de estas entidades.
Lo anterior ha originado que algunas de estas sociedades irregulares puedan llegar a ofrecer tasas de interés de más de 10%, lo cual cautiva a quienes, deseosos de alcanzar mayores beneficios, arriesgan sus capitales sin considerar que en muchas ocasiones deriva en fraude y quiebra de estas mismas entidades.
Si por razones de acceso, de apoyo a su comunidad, de afinidad, de confianza personal, decide hacerlo en otras sociedades, debe cerciorarse que sean aquellas que están en el Registro Nacional de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.
Además, deben operar con transparencia y como verdaderas cooperativas donde inviten a participar en el proceso de toma de decisiones, pues se debe desconfiar de las sociedades que te ofrecen rendimientos extraordinarios por arriba del 10% anual.
Piden a población estar informada
Tan sólo en nuestra entidad, SERFIOAX y Sistema Cooperativo La Colonia, que se ostentan como cajas de ahorro no cumplen los requisitos legales para captar recursos de sus socios, asociados o del público en general, y en caso de hacerlo, estarán cometiendo un delito.
Debido a que no cuentan con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), ni tampoco cumplen con los requisitos que establece el régimen transitorio (Prórroga condicionada) de la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP) y la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP) para tener la oportunidad de conseguir dicha autorización.
Vicente López Portillo, delegado de Condusef en el Estado, consideró necesario tener una mayor difusión cultural en estos temas y acercar a la población, sobre todo a aquella más vulnerable, a fin de que conozca los beneficios y riesgos de participar en estas sociedades.
Oaxaca se ubica en los últimos lugares a nivel nacional en materia de educación financiera, debido a la ausencia de difusión sobre el tema y el nivel educativo que se han convertido en las principales causas de la falta de una adecuada cultura financiera, situación preocupante si se toma en cuenta que aproximadamente 60% de los oaxaqueños utilizan las tarjetas de débito y 30% las de crédito.
En México existen unos cinco millones de unidades económicas, de las cuales el 95% son micro empresas, 4% son medianas y el resto grandes empresas. De ese universo de micro empresas, sólo 14% está registrada como persona moral, 47% como persona física, 30% en el Régimen de Pequeños Contribuyentes (Repecos) y 9% se encuentra en la informalidad.
De este tipo de empresas, 3% tiene un crédito bancario y 82% acude a este tipo de financiamiento sólo en caso de emergencia, si hay problemas para que sobreviva el negocio y no como herramienta de trabajo.
Desterrar fraudes
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) detalló que a la fecha hay 63 instituciones de ahorro y crédito popular autorizadas, que representan 67% de los activos del sector y 64% de sus socios.
Las entidades con licencia para operar de 2011, detentan un poco más de 69% de los activos y 64% del número de socios del sector, es decir, 56 mil millones de pesos y casi 3.8 millones de socios.
Hay otras 7 sociedades cooperativas se encuentran en etapa de estudio en la CNBV para autorizarse y otras 270 sociedades cooperativas con activos superiores a 2.5 millones de Unidades de Inversión (Udis) que operan al amparo del régimen transitorio de la ley.
Éstos intermediarios deben de manera “urgente y prioritaria” acercarse al comité de supervisión auxiliar del Fondo de Protección, para que se evalúen y, en su caso, soliciten su autorización a la CNBV.
Sólo aquellas sociedades cuyos activos sean menores de 2.5 millones de Udis están exentas de esta obligación. No obstante, hay 548 sociedades que no reciben supervisión y el plazo para regularizarse vence el 31 de diciembre de 2012.
En el año 2000 se emitió una ley para poner orden y regular a este sector, luego de los fraudes millonarios que se registraron en diversas regiones del país y que afectaron a cientos de ahorradores.
La ausencia de un esquema regulado propició que “sociedades” sin ética y poco profesionales cometieran fraudes en contra del patrimonio y la confianza de sus socios y ahorradores. Lo anterior, provocó un efecto negativo en la imagen y reputación de todo el sector. (El Imparcial)
