La secretaria de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Woolrich Fernández, presentó un informe preliminar del estado que guarda la administración estatal como parte de la entrega recepción, en donde reveló que “el contenido de la información es insuficiente y en algunos casos es irrelevante y no coincide con la realidad, ya que se denota la existencia de problemas que deben ser analizados con mayor profundidad, con información financiera que revela un serio faltante de información”.
En conferencia de prensa, explicó que los activos fijos, enfatizan la necesidad de tomar decisiones para realizar inventarios que sean conciliados con los montos que se reflejan, ello para salvaguardar el patrimonio del gobierno del Estado.
Además, se presentan discrepancias entre los avances físicos y los reportados que no permiten llevar a cabo una revisión minuciosa, ya que los hallazgos detectados reflejan el ejercicio de una “fiscalización relajada”.
En el marco de sus atribuciones, detalló que a partir de hoy inicia el programa anual de auditorías 2011 lo que abarcará una revisión profunda de las dependencias en la entrega recepción y el proceso de fiscalización que garantice que los recursos se destinarán en beneficio del pueblo de Oaxaca.
Añadió que la investigación fue coordinada con un equipo de más de 100 personas y con despachos externos especializados en atención específica de entrega recepción.
En lo que se refiere a la síntesis ejecutiva de los titulares de dependencia, dijo que no cumplieron con los requisitos mínimos, no muestran información cuantitativa, solo cualitativa, y no se explica la situación de la dependencia ni detalla las acciones realizadas.
De igual forma, no se aprecia homogeneidad de los estados financieros, así como suficiencia que permitan un análisis eficiente.
El ejercicio del presupuesto no se encuentra conciliado, o no tiene evidencia de que se haya realizado, y no existe información presupuestal razonablemente correcta.
En el tema de los pasivos, y la suficiencia de las revelaciones de los mismos, no fue entregada la información de los libros blancos y nómina, contratos de prestación de servicios a largo plazo, para la infraestructura y equipamiento de Ciudad Administrativa y Judicial, que implican pagos para esta administración, manifestó Woolrich Fernández.
En lo que concierne a los recursos humanos, diversas dependencias no presentaron su plantilla de personal conciliada con la plantilla de la Secretaría de Administración, además de que no se pudo comprobar físicamente el personal.
En algunos casos no hay contratos y en otros no se identifican a algunas de las personas contratadas, reveló.
La información carece de datos de salarios de los trabajadores, su composición e integración de expedientes por falta de documentos.
En los activos fijos, no se incluyen valores correspondientes que soporten las cifras de los estados financieros, derivado de lo antes señalado, las cifras que se presentan al 31 de octubre del 2010 podrían sufrir modificaciones, su evaluación y reconocimiento en los estados financieros.
Los libros blancos de las dependencias y entidades no fueron proporcionados, por lo que no existen las obras y proyectos a cargo del gobierno del Estado.
En el área de comunicación social destacan ampliaciones presupuestales a la Coordinación general para diversas partidas que no siguieron el proceso normativo que regulan los servicios prestados, e infiere la necesidad de evaluar el gasto realizado, el impacto en las finanzas públicas, explicó la Secretaria.
En el rubro de bancos y efectivos, se observaron inconsistencias mostradas en los estados de cuenta presentados, así como en operaciones y partidas que deberán ser aclarados, un número de cheques pendientes por aclarar y movimientos bancarios.
Además, se detectaron expedientes incompletos, lo que propicia espacios de discrecionalidad y opacidad para la transparencia y cesión de derechos.
En el registro público de la propiedad, por lo que respecta al área de obras públicas, no permitió identificar con certeza la totalidad de las obras terminadas, y la evaluación de las metas alcanzadas, por la discrecionalidad, no permite constatar la inversión cualitativa y cuantitativa de los compromisos del Plan Estatal de Desarrollo.
Ante este panorama, expuso que inició un proceso de investigación para deslindar responsabilidades, concluyó.
Fuente: ADN
