Organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado a los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Alejandro Murat Hinojosa para que deje sin efectos el permiso que otorgó para la generación de energía eléctrica a la empresa Eólica de Oaxaca, filial de la transnacional Électricité de France (EDF) Energies Nouvelle sin haber realizado una consulta indígena en Unión Hidalgo.
El Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos, Gobixha, Servicios del Pueblo Mixe, Servicios para una Educación Alternativa y Tequio Jurídico, expresaron su preocupación por la situación que vive la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo.
De igual forma, pidieron que se realice un proceso de consulta libre, previa e informada, que además contemple el consentimiento de la comunidad de Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec.
Habitantes de Unión Hidalgo denunciaron que la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética, otorgó un permiso para la generación de energía eléctrica a la empresa Eólica de Oaxaca S.A.P.I. de C.V. filial de la transnacional Électricité de France (EDF) Energies Nouvelle.
Este permiso se otorgó pese a que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos, y el Relator para la situación de las personas defensoras de la ONU, se han pronunciado a través de recomendaciones al Estado mexicano sobre cómo debería realizarse una consulta indígena.
Sin embargo, consideran que los criterios a tomar en cuenta para que el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, se realice bajo los más altos estándares internacionales de derechos humanos.
De acuerdo con los más altos estándares de derechos humanos, el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado se debe garantizar en las etapas preliminares de los proyectos.
Esto incluye actos administrativos y cada una de las fases que impliquen la implementación de los mismos, ya que su propósito es garantizar que los pueblos indígenas participen de forma activa en las decisiones y acciones que afecten su vida, su tierra, territorio y bienes naturales.
Las organizaciones consideraron que al otorgar este permiso el gobierno mexicano da un mensaje de incertidumbre para las comunidades y los pueblos indígenas que son además dueños legítimos de las tierras.
“Nos preocupa que las autoridades del gobierno de Oaxaca y del municipio de Unión Hidalgo, hagan pública su intención de facilitar la llegada de la empresa EDF sin antes avisar formalmente a las y los habitantes de la comunidad indígena de que se realizará algún proceso de consulta”.
Recordaron que, por encima de cualquier otro interés, el Estado debe garantizar certeza jurídica a las comunidades y colectivos sobre su tierra, territorio y bienes naturales.
