Salvo mejor opinión, a mi juicio, dos fueron las piedras de toque de la sabiduría del viejo sistema político mexicano representado hegemónicamente por el PRI: su activismo y su movilidad social.
Los priistas ortodoxos entendieron como pocos militantes partidistas que para mantenerse en el poder en México era obligado abanderar permanentemente la defensa de las causas populares.
En un acto de estricta justicia social, además, posibilitaban el crecimiento y desarrollo personal, familiar y grupal, con base en el reconocimiento de los méritos en el trabajo partidista cotidiano.
Tenían a su favor muchas cualidades. Eran verdaderos animales políticos con ideología, principios, valores y convicciones, amplia militancia, probada vocación de servicio y disciplina partidista.
Claro no eran impolutos ni mucho menos hermanitas de la caridad, pero tenían a su favor un gran sentido común. Eran prácticos y pragmáticos, a grado tal que mantenían acotada la corrupción.
La hegemonía priista y el país tuvo su punto de quiebre con el arribismo de burócratas, como Luis Echeverría, y sus efebos, que trocaron el nacionalismo revolucionario por el populismo socialista.
El estado de cosas empeoró política y económicamente con la llegada al poder de los tecnócratas neoliberales y la cofradía de la mano caída, a partir del gobierno de de la Madrid, Salinas y Zedillo.
Diez años después de perder la presidencia por la claudicación de Zedillo a favor de Fox y a cinco meses de ser derrotado por la coalición que apoyó a Gabino Cué, el PRI se mueve en Oaxaca.
Para rabia y sorpresa de los aliancistas en el poder al mejor estilo del poema del nicaragüense Augusto Monterroso cuando despierten de la borrachera del triunfo, el dinosaurio aún estará allí.
A los hechos me remito. Pareciera que algunos sectores del PRI de Ulises, particularmente la CNOP, empiezan a entender que tienen que volver a abanderar la defensa de las causas populares.
Así se desprende del amparo y protección de la justicia federal contra actos del gobierno a los propietarios de vehículos en el estado por no pagar el impuesto de la tenencia y uso de vehículos.
Si bien es cierto, no hay que echar las campanas al vuelo porque se trata de la suspensión provisional del acto reclamado otorgada por el Juez Octavo de Distrito, José Luis Gómez Martínez.
No es menos cierto, sin embargo, que la suspensión del acto reclamado es uno de los momentos procesales más importante del juicio constitucional de garantías en México. No es cualquier cosa.
Conserva la materia del juicio, evita que se sigan causando perjuicios al quejoso, facilita la restitución de la garantía violada, impide que se consume la violación de las garantías o que se cometan perjuicios.
Lo cierto, es que el Poder Judicial de la Federación ampara a propietarios de vehículos contra la amenaza de detención de los éstos por el no pago del impuesto de la tenencia o uso de vehículos.
En tales condiciones jurídicas, es innegable que gana el PRI la primera batalla contra la suspensión del pago del impuesto de la tenencia y uso de vehículos, lo que se traduce en un triunfo político.
Ciertamente, el PRI de Ulises no ha ganado la guerra, porque todavía falta celebrar la audiencia del incidente de suspensión y, posteriormente, decretar el otorgamiento de la suspensión definitiva.
Es de destacar que en opinión del Juez Octavo de Distrito “con la suspensión no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones del orden público, y sí en cambio serían de difícil reparación los daños y perjuicios que con la ejecución de los actos reclamados se causaría a la parte quejosa”. (Alfredo Martínez de Aguilar/DESPERTAR)
