La Comisión de Seguimiento del Foro de los Pueblos Indígenas de Oaxaca, en nombre de las 418 comunidades que se rigen bajo el sistema de usos y costumbres en la entidad, anunció que promoverá un amparo y una controversia constitucional ante los tribunales federales en contra de la Reforma del Estado aprobada el 6 de abril por el Congreso local, pues afirmó que su voz fue ignorada por las autoridades y que la nueva reglamentación vulnera los derechos indígenas.
Acusó tanto al gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, como a los diputados de la LXI Legislatura del Congreso del Estado, de haber fabricado una Reforma, que pretendía ser democrática, a través de métodos antidemocráticos: “Todo ha ocurrido a espaldas de la sociedad oaxaqueña, ya que no se han abierto los espacios para que todos podamos dar nuestra voz y nuestro pensamiento, cuestión que ahora se pretende allanar con un despliegue mediático ofensivo e indignante en una entidad donde reina la pobreza y la marginación”, afirmó.
La Comisión advirtió que los municipios no aceptarán el referéndum y el plebiscito como mecanismos de participación directa, ya que atentan en contra de las asambleas comunitarias, la principal forma de organización política de sus pueblos.
“No es posible que una institución milenaria, vigente y activa, como lo son las asambleas comunitarias, sea la voz muerta en esta Reforma Constitucional. De ahí nuestra indignación y coraje”, afirmó a través de un pronunciamiento divulgado 24 horas después de la aprobación de la Reforma.
En caso de que las instancias federales hagan caso omiso a sus demandas, advirtieron que recurrirán a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Organización Internacional del Trabajo.
Acusaron que, nuevamente, los grupos en el poder les han impuesto un conjunto de normas que desconocen sus derechos fundamentales y “socavan gravemente los avances legislativos que hemos logrado en los últimos años en el ámbito estatal e internacional”.
En los 418 municipios que se rigen por el sistema de usos y costumbres no podrán llevarse a cabo el plebiscito, el referéndum ni la revocación de mandatado, a no ser que se realicen a través de asambleas u “otras formas de organización comunitaria”, como los concejos regionales indígenas y la consulta indígena, establecidos en el artículo sexto del Convenio Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Además, recriminó que en la modificación constitucional no se establece en el Tribunal Estatal Electoral una sala especializada para la resolución de controversias que se suscitan en los municipios que rigen su elección por el sistema de derecho consuetudinario.
Agregó que en el Consejo General del Instituto Estatal Electoral tampoco se establece la participación y representación de los pueblos indígenas “que debería ser en un número proporcional al porcentaje de población indígena en nuestro estado”.
Las comunidades también fueron marginadas del proceso de creación de normas relativas a los pueblos, “pues no se contempla como parte del proceso legislativo el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado en los términos establecidos en el derecho internacional”.
Ante ello, lamentaron que la Reforma Constitucional no atienda de manera real y auténtica las demandas y aspiraciones legítimas de los indígenas y de la sociedad en general: “No establece la obligación del Ejecutivo estatal de dar cumplimiento a la normatividad indígena oaxaqueña y promover el fortalecimiento de la autonomía y su participación en el contexto estatal”. (Alejandro Morales /DESPERTAR )
