lunes, marzo 4

Hospital Sedna, fruto del dinero robado a Oaxaca

¡Ya basta!, dijeron los diputados Flavio Sosa Villavicencio y Pavel López Gómez al exigir ayer al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y a la Procuraduría General de la República (PGR) que se investigue al ex gobernador Ulises Ruiz por la compra de terreno y construcción, con recursos del erario público de Oaxaca, del Hospital “Sedna” en el Distrito Federal.

“Los ingresos del ex mandatario son insuficientes para adquirir una propiedad y construir un hospital de esa magnitud”, dijo Sosa Villavicencio legislador del Partido del Trabajo (PT).

“Para que se haga justicia es necesario que se incauten propiedades y se embarguen cuentas bancarias a Ulises Ruiz”, señaló a su vez el diputado López Gómez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En entrevistas por separado, los legisladores locales coinciden en que es necesario, para que se haga justicia, que se sancionen las irregularidades cometidas durante el sexenio pasado, pero sobre todo las que apuntan de manera directa a Ruiz Ortiz.

Para Pavel López, es necesario que el SAT haga una revisión puntual de la situación fiscal del ex mandatario y que la PGR y la Procuraduría local, también se avoquen a la investigación de la “partida secreta” que manejó el ex mandatario durante su gestión.

“Y se deben revisar sus bienes. No solamente el del Hospital “Sedna”, sino todas las propiedades que adquirió durante su sexenio”, dijo.

Indicó que es necesario que se haga una auditoría a los recursos administrados durante el sexenio pasado, ya que hasta ahora sólo se ha señalado el enriquecimiento de sus ex funcionarios, aunque a la fecha no se han ejecutado las órdenes de aprehensión en contra de quienes manejaron las arcas estatales.

“Es urgente que se investigue porque se trata de dinero del pueblo y en el caso del ex gobernador no sólo debe investigarse, sino también congelarse las cuentas bancarias y para ello deben intervenir las autoridades fiscales”, apuntó.

Flavio Sosa, dijo que el actual titular del Poder Ejecutivo, Gabino Cué tiene un compromiso moral con los oaxaqueños de hacer justicia, ya que se comprometió con el pueblo a encarcelar a los corruptos “y a la fecha el pueblo no ha visto claro”.

Y precisó: “Nadie en su sano juicio debe convocar a una cacería de brujas. Pero en el caso del ex gobernador es legítimo el reclamo de justicia de los oaxaqueños. Y la justicia pasa necesariamente por encarcelar a quienes saquearon el patrimonio de Oaxaca”.

Señaló que la construcción y apertura del Hospital “Sedna” es una burla para los oaxaqueños ya que los ingresos del ex mandatario no alcanzarían para hacer una inversión tan grande como para adquirir una propiedad y luego construir y echar a andar un nosocomio especializado.

“Por lo menos existe un enriquecimiento inexplicable del ex mandatario, mientras que Oaxaca padeció un empobrecimiento perfectamente explicable sus gobernantes se embolsaron millones y millones”, dijo.

Recordó el caso del ex titular de la Secretaría de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib y dijo que se trata de personajes sin moral, ya que actualmente su empleada doméstica está encarcelada injustamente después que la involucró en un megafraude que es del dominio público. “El pueblo no está ciego y demanda justicia, pero hasta ahora las autoridades federales y estatales han utilizado políticamente la información contra el ex mandatario”, añadió.

Para Sosa, allí está la denuncia presentada por otro ex integrante de la APPO, César Mateos, en la que se señalan múltiples irregularidades por enriquecimiento ilegítimo contra el ex mandatario.

“Esa denuncia debe caminar porque hasta ahora no hemos visto que ha hecho la Auditoría Superior del Estado y tampoco la secretaría de la Contraloría o la misma Procuraduría del Estado, la cual no está para detener sólo a pequeños delincuentes sino también a peces gordos para que realmente se procure justicia”, puntualizó.

El diputado López Gómez, por su parte, destacó la necesidad de que se ejecuten las órdenes de aprehensión contra ex funcionarios y que se utilicen todos los recursos de la inteligencia policíaca para encarcelar a los corruptos.

“El sexenio pasado hubo un saqueo desmedido del erario público y son los responsables del deterioro económico estatal; es necesario que se aplique todo el peso de la ley contra los malos ex funcionarios públicos”, señaló.

Precisó que es una burla para el pueblo oaxaqueño que mientras los Servicios de Salud de Oaxaca no brindaban un buen servicio a la sociedad, se hayan destinado recursos públicos para construir un nosocomio como el Hospital “Sedna” y que por ello este inmueble debe ser incautado hasta que se deslinden responsabilidades y se encarcele a los culpables.

Hace apenas cuatro meses, en octubre del 2011, el ex vocero de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, César Mateos Benítez, presentó ante la Procuraduría local una denuncia penal contra el ex mandatario como presunto responsable de los delitos de peculado y enriquecimiento ilegítimo.

En esa ocasión dio a conocer que Ruiz Ortiz acumuló propiedades a nombre de su esposa, María de Lourdes Salinas, sus cuñados Adolfo y Alma Salinas Ortiz, su hermano Edgar Cutberto Ruiz Ortiz, así como de su mamá, Juventina Ortiz Vizario y su tía Adelina Ortiz Vizario.

Uno de los principales apistas encarcelado en el 2006, señaló que el ex mandatario oaxaqueño acumuló no solamente bienes inmuebles, sino también gasolineras, empresas industriales y hospitales.

Incluso, dijo que una de las propiedades más ostentosas del ex mandatario es el Hospital “Sedna”, valuado hace tres años en más de 1 mil 500 millones de pesos, mientras que en Oaxaca el rubro de la salud fue el más abandonado.

Mateos Benítez recordó que desde el 2007 la PGR inició procesos penales contra los Servicios de Salud de Oaxaca, a petición de la Secretaría de la Función Pública, por la presunta comisión de delitos de peculado y fraude.

También enumeró entre las propiedades de Ruiz Ortiz un departamento en Fuentes del Pedregal y otro en la colonia del Valle en el DF. Señaló, además, que la esposa de Ulises figuraba entre las principales accionistas de dos empresas inmobiliarias, situación que pidió se investigue porque a la par de que aumentaba la riqueza familiar la entidad veía aumentar la deuda pública a más de 6 mil 200 millones de pesos.

El ex vocero de la APPO demandó a la PGJE investigar los delitos patrimoniales cometidos al amparo del tráfico de influencias y la corrupción y exigió al gobierno estatal hacer justicia, como lo pidió también, luego de ser detenido en noviembre del 2006, cuando acusó a la administración de Ulises Ruiz de violar sus derechos humanos.

Antes de que concluyera la anterior administración, César Mateo Benítez presentó ante el Congreso del Estado una demanda de juicio político contra el ex mandatario, a quien acusó de violar las garantías individuales de los oaxaqueños durante el conflicto del 2006, la cual dijo que fue mayoriteada por los legisladores priístas para que no surtiera sus efectos.

Al presentar la tercera denuncia penal contra Ulises Ruiz por peculado y enriquecimiento ilegítimo, el ex appista confió en que la nueva administración haga justicia a la sociedad oaxaqueña que no solamente fue golpeada y encarcelada, sino también saqueada por ex funcionarios del sexenio pasado.

La inconformidad de los oaxaqueños ha llevado en dos ocasiones, una en 2010 y otra en enero de este año, a integrantes de organizaciones sociales oaxaqueñas a manifestarse en el Hospital “Sedna” y a clausurarlo de manera simbólica por considerar que se construyó con recursos del pueblo de Oaxaca.

Uno de los principales argumentos de los inconformes es que el hospital especializado en la atención de las mujeres fue inaugurado por la esposa y el hermano del ex gobernador, como principales accionistas en el año 2007, cuando la administración de Ruiz Ortiz aún no había concluido. (TIEMPO)

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